Rokovoko. Una isla muy lejana hacia el oeste y el sur. No está marcada en ningún mapa: los sitios de verdad no lo están nunca. Hernan Melville. Pintura Eric Zener.

lunes, 21 de marzo de 2016

La Policía turca sigue divulgando fotos de cuerpos desnudos de mujeres kurdas muertas








Tras la masacre de Cizre, en la que murieron 150 personas atrapadas en tres sótanos durante la operación militar desencadenada el pasado 7 de febrero, varios agentes de la Policía turca volvieron a fotografiar y difundir imágenes de mujeres kurdas muertas tras haber desnudado sus cadáveres.
Así lo denunciaron, después de conocerse la gravedad de ese operativo del Ejército en el que no hubo ni heridos ni apresamientos, el Partido Democrático de los Pueblos (HDP) –cinco millones de votos y 60 diputados- y la Asociación de Abogados de Diyarbakir, principal ciudad kurda de Turquía, con cerca de un millón de habitantes.
Figen Yuksekdag, copresidenta del HDP, mostró dos fotografías con sendos cuerpos tendidos en la misma acera y denunció que estas “vergonzosas fotografías” no desnudan el cuerpo de una mujer sino “la concepción de la guerra” del Gobierno de Erdogán, que muestra así su falta de humanidad.
No es la primera vez que soldados o policías turcos se hacen fotografías con cuerpos de mujeres militantes o simpatizantes del PKK exhibiéndolos como trofeos de guerra. Según las dirigentes del HDP y los propios familiares, se trata de una táctica para mancillar el honor no solo de estas mujeres sino de todo el movimiento kurdo frente a una sociedad musulmana como la turca.
El PKK, que lleva luchando desde 1984 contra el Gobierno de Ankara para defender los derechos culturales y políticos de los casi 20 millones de kurdos que viven en Turquía, se distingue por tener en sus filas un porcentaje muy elevado de mujeres. Lo mismo ocurre con otras organizaciones kurdas, como el propio HDP o el Partido de la Unidad Democrática (PYD) de Siria, que tienen como norma la paridad entre hombres y mujeres en todos los cargos de dirección, así como reservar al menos el 40 por ciento de los cargos institucionales a la mujer, algo totalmente revolucionario en Oriente Medio.







elventano de:
cuartopoder.es/terramedia
Manuel Martorell

domingo, 20 de marzo de 2016

Europa: un naufragio ético sin precedentes








El Consejo Europeo tomó el viernes 18 de marzo una de las decisiones más tristes de su historia y una de las más difíciles de explicar desde el punto de vista del derecho internacional: los 28 jefes de Gobierno y Estado, reunidos junto al primer ministro turco Ahmet Davutoğlu, autorizaron la deportaciones masivas de personas que lleguen a suelo europeo a partir de este domingo, sin respetar los procedimientos y normas establecidas en la Convención de Ginebra para los refugiados que huyen de las guerras. “Es un día oscuro para el derecho de asilo, un día oscuro para Europa y un día oscuro para la humanidad”, resumió la portavoz de Amnistía Internacional, Kate Allen.
El acuerdo, se supone que respaldado por unanimidad, es decir, también por el Gobierno en funciones de España, que llevaba instrucciones distintas del Parlamento –IU anunció que estudia emprender medidas legales contra Mariano Rajoy y el Consejo Europeo–, usa un lenguaje deliberadamente ambiguo y engañoso, y necesitará de muchas precisiones en los próximos días. Subraya que “cada refugiado” que llegue a las islas griegas será devuelto a Turquía, pero no se atribuye a este país la condición de “tercer país seguro” (que solo reúnen los firmantes de la Convención de Ginebra en su totalidad) y es evidente que las deportaciones no se efectuaran uno a uno tras examinar sus derechos individuales, sino de forma masiva.
El gobierno turco, ayudado por la flota de la OTAN (barcos y helicópteros que hasta ahora nunca sirvieron para evitar los naufragios), interceptará las embarcaciones que pueda y quienes, de todas maneras, consigan llegar a tierra serán confinados a la espera de su inmediata deportación a Turquía. Las islas griegas, como explicó un portavoz de la ONG Ayuda en Acción, se convertirán en campos de internamiento, en los que personas aterrorizadas, refugiados y migrantes, serán recluidas contra su voluntad y posteriormente expulsadas, igualmente contra su deseo expreso.
ACNUR, la organización de Naciones Unidas para los Refugiados, mostró inmediatamente su escepticismo sobre el respeto a las normas de derecho internacional que promete Europa. Advirtió de que quedan importantes cuestiones legales por aclarar y dudas prácticas por resolver. Respetar las normas, recordó, exige que el acuerdo introduzca importantes mejoras en el sistema de identificación de refugiados que se emplea en Grecia. Según estimaciones oficiales, la Unión Europea tendría que enviar a 4.000 funcionarios a las islas griegas para iniciar esos procedimientos legales individuales, pero en el comunicado hecho público el viernes al término de la cumbre no se habla de nada de eso.
Los 45.000 refugiados que llegaron al país heleno en las últimas semanas serán, al parecer, realojados en otros países, aunque no se especifica tampoco cuándo, ni en cuáles. Angela Merkel, la canciller alemana, impulsora principal del acuerdo, urgió a los 14.000 refugiados que esperan en Idomeni, y cuyas desgarradoras imágenes difunden desde hace días la mayoría de los medios de comunicación, a acudir a otros campos instalados por las autoridades griegas a la espera de ese realojamiento, del que, de momento, tampoco se sabe nada.
El comunicado alude al famoso “uno contra uno” aprobado ya hace días. Según ese acuerdo, la Unión Europea se compromete a conceder asilo a igual número de refugiados sirios que los que sean deportados de Grecia a Turquía, pero vigilará para que quienes disfruten de ese estatus de refugiado o visado sean precisamente personas distintas que las deportadas. Se trata de una especie de medida “disciplinaria” inhumana para quienes se atrevieron a desafiar las fronteras europeas y las cruzaron por mar o por tierra arriesgando sus vidas en las más penosas condiciones. Esas personas, hombres, mujeres y niños, serán rechazados expresamente y se les negará cualquier posibilidad de entrar legalmente en Europa, que se atribuye la capacidad de aplicar un castigo feroz, estremecedor, sobre personas indefensas y vulnerables a las que trata como si fueran fardos intercambiables y no seres humanos que tienen derechos inalienables que no pueden depender del ansia ejemplarizante de unos políticos que han perdido el sentido de lo que se puede y no se puede hacer simplemente aplicando la razón y la decencia.
Con todo, la Unión Europea no debe confiar mucho en la eficacia de su acuerdo con Turquía. Indirectamente calcula que más de 70.000 refugiados llegarán a las islas griegas en los próximos días y que serán deportados porque, según asegura, dispondrá de unas 70.000 plazas para implantar ese “uno por uno” rápidamente. Si se expulsa a 70.000 refugiados sirios que ya se encuentren en las islas griegas, la Unión irá trayendo, afirma, uno a uno, a otros 70.000 refugiados que se encuentran en los campamentos turcos. ¿Y qué pasará si llegan, no 70.000 sino 120.000 nuevos refugiados? ¿A donde irá a parar el dichoso acuerdo?
El primer ministro turco replicó a las críticas que acusan a Turquía de no ser un país seguro, de acuerdo con las normas internacionales, con ironía y con un argumento irrebatible: “Somos nosotros los que tenemos acogidos a 2,8 millones de refugiados. Los que nos critican deberían darnos una opción mejor”. Erdogan, el presidente turco, afirmó desde Ankara que la UE no está en disposición de dar lecciones a nadie porque hasta ahora solo ha acogido “a un puñado de refugiados”.
En el trasfondo del acuerdo firmado entre la UE y Turquía se encuentra la reapertura de negociaciones para que Ankara avance en su camino de adhesión a la Unión. Los turcos podrán circular por territorio europeo desde el próximo mes de junio sin necesidad de obtener visados. De propina, Europa enviará 7.000 millones de euros al autoritario gobierno de Erdogan, que acaba de ser denunciado en todos los foros de prensa libre del mundo por la ocupación de un periódico crítico con su gobierno.
Ese es el marco en el que conviene leer el último párrafo, quizás el más cínico y lamentable, del acuerdo y el que mejor refleja la insostenible posición de los jefes de gobierno europeos: “Europa espera”, dice el documento, “que Turquía cumpla sus obligaciones con los derechos humanos”. Hipocresía o cinismo, un broche perfecto para la crisis que vive Europa, un continente sumergido en un naufragio ético sin precedentes.

elventano, de CTXT

jueves, 17 de marzo de 2016

Cáncer y derechos económicos: la lucha de Beatriz Figueroa




¿Para qué quieres sobrevivir a las células cancerígenas si el sistema te mata de hambre?, explica Beatriz Figueroa, afectada por el cáncer, que ha iniciado una campaña exigiendo que se protejan los derechos económicos de las personas enfermas de cáncer. Su lucha saca a la luz la falta de debate sobre los efectos socioeconómicos de la enfermedad y de la relación entre ésta y la pobreza.
, Antropóloga, investigadora en salud de la Universidad de Lancaster y miembro del Breast Cancer Consortium.
 
Beatriz Figueroa
Conocí a la gallega Beatriz Figueroa en el ciberespacio. Al descubrir su provocativa campaña de concienciación "La vida no sigue igual después del cáncer" decidí contactarla. La campaña exige una revisión de la Ley de la Seguridad Social para que se protejan los derechos económicos de las personas enfermas de cáncer. Me sentí inspirada por su trabajo titánico, que tiene como misión visibilizar el impacto económico de la enfermedad, un tema importante que apenas se aborda desde las políticas públicas, las grandes organizaciones que trabajan contra el cáncer o los medios de comunicación. Cuando Beatriz asistió al Simposio sobre Cáncer de Mama y Feminismo que coorganicé en Barcelona en abril de 2015 fue una oportunidad excepcional para conocerla.
Beatriz Figueroa es periodista y abogada de formación. Trabajó durante más de 20 años y pagó sus impuestos. Tuvo la “mala suerte” de ser diagnosticada de cáncer de mama cuando estaba desempleada, por lo que su pensión mensual se quedó reducida a 426 euros. Con esta cantidad tenía que pagar su hipoteca, sus gastos de manutención y costearse el 40% del importe de los medicamentos. Además de sobrevivir al cáncer, ahora le quedaba la dura tarea de sobrevivir a la pobreza sin apoyos.
Beatriz acudió a los tribunales en tres ocasiones para solicitar que se le reconociese la incapacidad. Su solicitud fue rechazada dos veces. Le dijeron que “no había signos de discapacidad” o que era “apta para trabajar en otros puestos de trabajo”. También llegaron a decir que "su familia podía apoyarla”. Esta última respuesta se basa en la visión (hetero)normativa de que las mujeres están destinadas al matrimonio, por supuesto con un hombre, que además es el cabeza de familia. También presupone que todas las mujeres tienen una familia que puede proporcionarles apoyo económico. Sin embargo, Beatriz, que está soltera y que perdió a sus padres hace años, sólo puede contar con el apoyo del “sistema”, y éste le está fallando.
Aunque parezca mentira, la situación de Beatriz Figueroa no es única. A lo largo mis años de investigación sobre las experiencias de las mujeres españolas que viven con cáncer de mama, he encontrado muchos casos en los que la familia y/o la pareja no están dispuestos a prestar apoyo económico o, simple y llanamente, no pueden porque sus economías precarias no dan para más. Como le ocurre a Beatriz, estas experiencias están plagadas de relatos sobre las dificultades económicas a las que se enfrentan tras recibir los tratamientos. Sus historias ponen de manifiesto la necesidad urgente de vincular los debates sobre el cáncer de mama a asuntos relacionados con la justicia económica y el género. También a la necesidad de cuestionar los fundamentos (hetero)normativos del sistema sanitario, la Seguridad Social y el sistema judicial que se basan en ideas preconcebidas sobre la familia y la sexualidad femenina. Si no se permite crear espacios para este tipo de debates, el cambio social a nivel político será imposible. Y como resultado, las personas enfermas, especialmente las mujeres enfermas que son viudas, solteras, sostienen a sus familias o pertenecen a grupos de población en riesgo de exclusión social, seguirán siendo las que más sufran la desprotección económica.

El bienestar económico es calidad de vida

Aunque la mayoría de las personas estarán de acuerdo conmigo en que los tratamientos oncológicos son brutales, se ha reflexionado poco públicamente sobre el impacto de la enfermedad en el bienestar económico. Esta falta de reflexión es mas evidente en el contexto de  países europeos que tienen sistemas nacionales de salud universales. ¿A qué se debe esta falta de reflexion colectiva? La obsesión con la idea de que el acceso gratuito a los tratamientos aumenta la supervivencia es tan poderosa que oculta cualquier debate sobre la calidad de vida de las personas. Cuando el tema se plantea, se suele confundir éste con una cuestión de supervivencia (longevidad o años de más vividos) o se reduce a los problemas psicológicos (procesos de duelo, autoimagen, estrategias de afrontamiento, etc.). Pero la calidad de vida –si atendemos a la definición de la Organización Mundial de la Salud– exige obligatoriamente bienestar económico.
La escritora estadounidense Barbara Ehrenreich ya apuntaba en su ensayo Bienvenido a la Tierra del Cáncer que la cultura y la industria en torno al cáncer actúan como barreras para comprender realmente esta enfermedad. Nos han socializado para pensar en el cáncer de mama como una enfermedad suave, glamurosa y femenina. Básicamente, nos han engatusado para no pensar que la enfermedad es aterradora. Los collage de la artista Bella El Truthteller, realizados con los panfletos que se pueden encontrar en la sala de espera de los servicios de oncología, son un ejemplo de la retórica optimista que edulcora el cáncer de mama y oculta sus realidades brutales.


Cuando la falta de reflexión colectiva sobre el significado de la calidad de vida se combina con la frivolidad de la "cultura rosa", el resultado es la falta de espacio para hablar sobre los efectos debilitantes de los tratamientos, su relación con el desempleo, la falta de derechos a estar enferma, la imposibilidad de beneficiarse de pensiones por incapacidad... Y todo esto, a su vez, se conjura para desencadenar la pobreza.
Por estas razones, Beatriz Figueroa insiste en que la recuperación y la supervivencia son cuestiones políticas, no clínicas. Es más, acceder a los tratamientos es necesario, pero no es suficiente para mejorar la calidad de vida de las pacientes. Como dice Beatriz, ¿para qué quieres sobrevivir a las células cancerígenas si el sistema te mata de hambre?

Las mujeres no están "locas"

Anne K. Eckman acuñó el termino “síndrome Yentl” para explicar los sesgos de género en la medicina que, de alguna manera, ‘incapacitan’ al sistema sanitario para escuchar y responder a los malestares de las mujeres. El síndrome de Yentl se sustenta en la creencia de que las acciones y malestares de las mujeres son producidas por sus órganos reproductivos, convirtiéndolas en hipocondríacas e histéricas. A pesar de lo que pueda parecer, el Síndrome de Yentl no es un fenómeno del pasado pues ha aparecido de lleno en el caso de Beatriz Figueroa. La gallega se ha sometido a tres cirugías y varias rondas de quimioterapia. Sufre de fatiga, depresión, pérdida de memoria y dolor en las yemas de sus dedos (que le dificultan desempeñar tareas tan simples como mecanografiar). Sin embargo, los profesionales de salud a cargo de la evaluación de su incapacidad sugirieron en varias ocasiones que sus dolencias estaban en su cabeza, haciéndola sentir “como si estuviera loca”.

Sin un cambio estructural no hay progreso

A pesar de las barreras a las que se ha enfrentado, Beatriz recurrió a los tribunales una tercera vez para solicitar la pensión de incapacidad. Esta vez el juez reconoció su derecho. Aunque la sentencia sirvió para legitimar sus limitaciones físicas, Beatriz reconoce que no sirve de nada para institucionalizar medidas que garanticen los derechos económicos de todos los enfermos oncológicos.
Beatriz explica que si no se producen cambios estructurales profundos no habrá progreso para acabar con la epidemia de cáncer, a pesar de toda la retórica optimista de la "cultura del lazo rosa". Ya hemos visto que el sistema biomédico androcéntrico y paternalista no suele tomar en serio las quejas de las mujeres. Además, se necesitan equipos interdisciplinares y con conciencia de género para evaluar las prestaciones económicas, para que las mujeres no tengan que recurrir a los tribunales de forma independiente. Ir a juicio cuesta dinero, energía, coraje y confianza para desenvolverse en un contexto donde el lenguaje es demasiado técnico. Aquellas personas que carecen de redes sociales sólidas y/o viven en condiciones más precarias –económica y socialmente– son menos propensas a llevar sus casos ante los tribunales, lo que minimiza sus posibilidades de que sus derechos sean reconocidos. Esto, a su vez, aumenta las desigualdades económicas que contribuyen a deteriorar la salud.
A pesar del desconocimiento público, el desempleo y la incapacidad son temas comunes cuando hablas con enfermas oncológicas. El informe Due North (PDF), que analiza las causas de las desigualdades en salud en el norte de Inglaterra, deja patente la necesidad un cambio estructural para atajar la epidemia. Este informe enfatiza que “cuando las personas desarrollan una enfermedad crónica, [...] el apoyo integral a través de distintas agencias para mantenerlas empleadas y garantizar su seguridad financiera puede ayudar a prevenir la espiral de la pobreza y la salud precaria que a su vez exacerba las desigualdades”. Estos hallazgos se pueden aplicar perfectamente al contexto español, y ya es hora de que aprendamos la lección de otros países.

"La vida no es la misma después del cáncer de mama"

Figueroa propone una reforma en la ley para garantizar unas condiciones económicas decentes para las personas que se están recuperando de un cáncer y para las que lo han sobrevivido. Su campaña no pide solidaridad sino que exige justicia social. Al fin y al cabo, el grado de desarrollo social de un país se mide por el grado de bienestar de su población. Su planteamiento contradice la retórica de la "cultura rosa" centrada en el acceso a los tratamientos, el optimismo y la longevidad por dos motivos. Uno, porque no reconoce la importancia de otros factores que son vitales para salir adelante durante y después del tratamiento del cáncer. Y dos, porque rechaza el mensaje dominante que sugiere que las mujeres son responsables de prevenir, detectar y curar la enfermedad.
Para su campaña, Beatriz produjo un video corto protagonizado por la pescadora gallega Raquel Castiñeira. Raquel fue diagnosticada de cáncer de mama en 2010. Su brazo está afectado permanentemente desde que le realizaron una cirugía en la axila para extirparle los ganglios afectados. El odioso Síndrome Yentl descrito por Anne Eckman volvió manifestarse una vez más cuando el Instituto Social de la Marina le dijo a Raquel que estaba “en condiciones de trabajar” y que podría “desempeñar el trabajo con la otra brazo”. “De lo contrario [su marido] podía trabajar por ella”.
Para Beatriz Figueroa un sistema de Seguridad Social ético nunca obligaría a las personas a trabajar mientras están en tratamiento o recuperándose. Tampoco cargarían el cuidado sobre las familias de las personas afectadas. El vídeo de la campaña de recogida de firmas finaliza con: "Raquel se está recuperando del cáncer de mama. Pacientes como ella no deberían estar trabajando". Hasta el momento, más de medio millón de personas ya han firmado.

diagonalperiodico.net

viernes, 11 de marzo de 2016

Colau avisa que una nova bombolla immobiliària amenaça Barcelona: la dels lloguers







ara.cat, Maria Ortega, 02 de març – “Volem llançar un missatge d’alarma perquè s’està produint un nou cicle especulatiu. Veiem com pugen els lloguers mentre que el nivell de renda de la població no ha millorat“. L’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha avisat que una nova bombolla immobiliària amenaça la ciutat. Un estudi elaborat per l’Ajuntament sobre l’evolució dels preus del lloguer a la ciutat evidencia, segons el govern municipal, una nova tendència a l’alça i demostra que la crisi de l’habitatge torna a acarnissar-se amb els barris menys benestants. Segons aquest estudi, el preu del lloguer va repuntar l’any passat de mitjana un 6,6 % –se situa ara en els 10,9 euros per metre quadrat i mes– i el lloguer mitjà a Sarrià-Sant-Gervasi (1.050 euros/mes) dobla el de Nou Barris (580 euros/mes), però, en canvi, és en barris com Trinitat Nova, la Verneda o la Pau on les famílies han de destinar una part més important dels seus ingressos a fer front al lloguer i on aquest percentatge supera el 25 % de la renda de les llars.

Vista aquesta radiografia, que el govern municipal ha titllat de preocupant, Colau ha instat la Generalitat i l’Estat a prendre mesures per frenar una nova bombolla i que modifiquin la legislació sobre arrendaments urbans. Colau ha proposat solucions com la que ja s’aplica a Berlín, on hi ha una regulació per evitar increments desmesurats del preu de l’habitatge. Concretament, fixant topalls en zones on es determina que el preu del lloguer s’ha enfilat per sobre de la capacitat de compra dels seus veïns. L’alcaldessa ha apuntat que s’ha d’atendre la situació a Barcelona perquè és la ciutat de l’Estat amb més proporció d’habitatges de lloguer (el 30 %), on només un 1,5 % són de lloguer assequible i on més han augmentat els preus.
El regidor d’Habitatge del consistori, Josep Maria Montaner, que ha comparegut al costat de l’alcaldessa, ha recordat, en aquest sentit, que activistes com la mateixa Colau van advertir de la imminència d’una bombolla immobiliària, però que en el seu moment no se’ls va fer cas i que ara, ha dit, repeteixen el mateix nivell d’alerta. Aquest cop, això sí, des de la tribuna de l’Ajuntament.
Fins a 255 pisos més
El govern de Barcelona ha llançat aquest avís en la presentació dels seus nous avenços en la línia d’aconseguir pisos per destinar al lloguer social. Si a finals d’any van anunciar que havien tancat un acord amb la Sareb per la cessió de 200 pisos, avui han apuntat que, per diferents vies, han aconseguit elevar la xifra de pisos disponibles fins als 455. És a dir, s’han incorporat 255 més: 50 dels quals cedits, 131 de comprats per sota del preu del mercat, 28 exercint el dret a tanteig i 46 més, en estudi.
En concret, han acordat amb BuildingCenter –la societat que gestiona els actius immobiliaris de CaixaBank– la cessió de 50 habitatges en unes condicions millors que les que van aconseguir amb la Sareb, perquè, en aquest cas, tot i que el termini també és de vuit anys, l’entitat assumeix el cost de la rehabilitació necessària. D’aquests 50 pisos, però, la meitat ja estan ocupats. I el preu que pagarà l’Ajuntament per cada habitatge és de 125 euros al mes.
El consistori té, d’altra banda, aprovada la compra directa de cinc habitatges a Bankia –tres de buits i dos d’ocupats– i està ultimant la compra directa de 125 pisos de bancs i un d’un particular per sota del preu del mercat. Finalment, l’Ajuntament ha adquirit 28 pisos d’entitats financeres i grans tenidors per mitjà del dret a tanteig i estudia adquirir-ne 46 més per aquesta via. Els preus, en tots aquests casos, oscil·len entre els 50.000 i els 70.000 euros. Tots aquests pisos passen a ser gestionats pel Patronat Municipal de l’Habitatge, i el districte on se n’han adquirit més és el de Nou Barris –el 43 % del total–. Colau ha reiterat que prefereix tancar acords amb les entitats bancàries per aconseguir cessions que haver-ho de fer per la via de les sancions.
Regulació d’ocupacions
Davant de la constatació que molts dels pisos que s’aconsegueixen arriben amb ocupants irregulars a dins, el govern de Colau també ha anunciat un pla per intervenir en aquests casos. Aquesta situació es repeteix en 197 dels pisos que s’han cedit al consistori o que ha comprat, i el que es preveu és regularitzar la situació d’aquests inquilins atenent a criteris com la vulnerabilitat social i el temps que fa que ocupen el pis.
D’aquesta manera s’estableix una regularització ordinària quan hi hagi vulnerabilitat econòmica i un període d’ocupació superior als dos anys sempre que no hi hagi problemes de convivència amb els veïns. La regularització es podrà donar per arrelament quan el temps d’ocupació sigui superior a l’any i hi hagi, també, vulnerabilitat i manca de conflicte veïnal. I, finalment, podrà fer-se una regularització especial en casos en què, tot i que faci menys d’un any de l’ocupació, s’acreditin situacions excepcionals.
L’Ajuntament també regularitzarà “de forma excepcional” la situació de les 24 famílies que ocupen de forma irregular algun dels pisos del Patronat Municipal de l’Habitatge. No entraran en cap d’aquests supòsits, però, les ocupacions amb finalitat lucrativa per part de xarxes o grups organitzats, sinó que es demanarà la intervenció de la policia.
Els quatre districtes on s’han detectat més ocupacions són Ciutat Vella, Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. I, especialment, a barris com Ciutat Meridiana o Besòs-Maresme. En aquests quatre districtes hi ha comptabilitzats 1.200 pisos ocupats, un miler dels quals són d’entitats bancàries.

noticias.habitaclia.com

viernes, 4 de marzo de 2016

Asesinan a Cáceres, la líder indígena que ganó un pulso a China y el Banco Mundial





© Externa Berta Cáceres en las orillas del río Gualcarque (Global Witness).



La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada este jueves a tiros en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá. Al parecer, dos hombres armados entraron por la fuerza en la vivienda para asesinar a Cáceres, miembro de la etnia lenca y madre de cuatro hijos.
Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente oponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en la zona occidental del país por considerar que atentaban contra los recursos naturales. Por su lucha en defensa de dichos recursos en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres, que había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte contra ella y familiares suyos, recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas medioambientales.
Pese a que la policía ha declarado que Cáceres murió durante un intento de robo -en un país en el que la violencia criminal deja 13 muertos diarios-, "todos sabemos que fue por su lucha", ha denunciado su madre, según recoge la agencia AFP. A lo largo de su vida, la líder indígena había recibido todo tipo de amenazas. Honduras, junto a Perú y Brasil, es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, según un informe de Global Witness, ONG con sede en Londres.
Cáceres logró su mayor victoria cuando organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, para luchar contra un proyecto hidroeléctrico del Banco Mundial en el noroeste de Honduras, concretamente en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La campaña emprendida por Cáceres consiguió que el constructor más grande de represas a nivel global, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto de Agua Zarca. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Uno de sus hermanos, Gustavo Cáceres, pidió este jueves al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que el caso no pase a ser un número más en las estadísticas de la violencia en el país, y que su asesinato sea esclarecido y se castigue a sus autores. Recordó a los periodistas que su hermana tenía medidas cautelares y aún así ha sido asesinada. Añadió que Berta Cáceres "siempre dio la cara" y "nunca utilizó un arma" para protestar, porque "su arma era su voz" para denunciar violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los recursos naturales.

Ecologista bueno, ecologista muerto

Los informes anuales de Global Witness documentan lo que las organizaciones sociales de toda América Latina llevan años denunciando: la absoluta impunidad de los autores de estos crímenes. De las 116 muertes documentadas en un año, casi tres cuartas partes se registraron en América Latina: 29 activistas fueron asesinados en Brasil y 25 en Colombia. Además, el 40% de las personas ejecutadas eran indígenas y defendían sus territorios de “los proyectos hidroeléctricos, la minería y el agronegocio”. Lo peor es que la tendencia refleja un aumento de la violencia, y que, como asegura Global Witness, las “restricciones informativas” hacen pensar que la cifra real es mucho mayor.
Esas muertes son solo la sangrienta punta de un iceberg, el de la represión, que comienza con amenazas de muerte, hostigamiento, agresiones a personas o sedes comunitarias y judicialización de las resistencias. Lo puede acreditar la comunidad Qom de Formosa, al norte de Argentina, que ha pagado con varias muertes su resistencia a la entrada de la soja en su territorio. Los cadáveres aparecieron al borde de la carretera; la justicia los retrató como suicidios o accidentes de tráfico. “Las fuerzas públicas emplean la represión, nos miran como enemigos en lugar de protegernos, y no hay voluntad política de investigar (los abusos)”, afirma el 'qarashé' -líder político- Félix Díaz.

El Confidencial.