Joan Clos y las unidades especiales de la Guardia Urbana

elPeriódico

Miércoles, 21 de enero del 2015 - 13.09 h

Xavier Rius, periorista

Tras la tragedia de la muerte de Patricia Heras, los posibles errores judiciales del caso 4-F, los malos tratos denunciados y archivados, y las posibles negligencias de responsables políticos, denunciados en el documental 'Ciutat morta', y de diversos procesos penales que se siguen ahora contra algunos agentes, están una serie de decisiones políticas del equipo de gobierno del alcalde Joan Clos en relación a la Guardia Urbana de Barcelona y sus dos unidades especiales de antidisturbios, los diurnos UPAS (Unitat de Policia Administrativa i Seguretat) y la nocturna UNOC (Unitat Nocturna Operativa Centralitzada) y el uso que hizo el alcalde Clos de dichos cuerpos como 'guardia pretoriana'.

La asunción de misiones antidisturbios de estas unidades debe remontarse al conflicto del convenio de trabajadores del Ayuntamiento en 1999. Este conflicto coincidió con los expedientes a bomberos que se habían negado a lavar su ropa impregnada de productos tóxicos en la lavadora de su domicilio. Así, puesto que las protestas de funcionarios y bomberos incomodaban al alcalde Joan Clos, éste recurrió a la Unidad de Policía Administrativa y Seguridad y a la Unidad Nocturna Operativa Centralizada, con sede en Zona Franca, que poseían material antidisturbios para misiones en las que los agentes podían ser agredidos o necesitaban aplicar la fuerza, como el control del entorno de un campo de fútbol, la persecución del top manta o los controles de alcoholemia en zonas de ocio. De este modo toma fuerza esta unidad, cuyos miembros cobran un plus especial, que se les convirtió en lo que se conocía como la 'Guardia Pretoriana' del alcalde. Y no sólo cargaron en diversas ocasiones contra bomberos y funcionarios, sino que también contra una manifestación específica de guardias urbanos. Y siempre que el alcalde salía del consistorio a realizar un acto o visitar un barrio, iba acompañado de tres furgonetas de estas unidades para "protegerlo" en caso de ser recibido con pancartas o reivindicaciones, fuese por funcionarios municipales, fuese por vecinos.

Cuando pasó el conflicto del convenio municipal, estas unidades especiales además de ejercer sus funciones en relación a la venta ambulante, trafico de drogas, actuar en grandes aglomeraciones o participar en desalojos, continuaron acompañado al alcalde Clos allá donde iba, dando una imagen muy distinta de la de aquel Pasqual Maragall que te lo podías encontrar paseando en bicicleta por al Carretera de les Aigües a las 8 de la mañana, o que podía presentarse montado en su moto a un acto. Así un alcalde que concurría a las elecciones con el controvertido eslogan de: "Haremos de Barcelona la mejor ciudad del mundo", había de circular por la misma, de manera habitual, acompañado de sus antisturbios. Y en un contexto de máxima confianza entre el entorno del alcalde y los mandos de dichas unidades, las quejas reiteradas por las malas maneras o supuestos abusos realizados por agentes de dicho cuerpo o el desproporcionado uso de la fuerza en sus actuaciones, no eran tomados en consideración, y si llegaban al juzgado eran negados unánimemente por el testimonio de un sinfín de agentes. Sonada fue la polémica política y mediática tras la carga policial y desalojo en diciembre de 2004, de los jóvenes acampados en el césped del Palau de Pedralbes reivindicando el cumplimiento del 0,7% al Tercer Mundo, en un día que Barcelona se colapsó por la lluvia y el granizo. Aquel día que en Barcelona los semáforos dejaron de funcionar por la tormenta, los mandos municipales consideraron prioritario usar dichas unidades especiales para desalojar a la vieja usanza a aquellos "perroflautas".

Yo mismo fui víctima de la brutalidad de un agente de dicho cuerpo durante la huelga general del 20 de junio de 2002. Debidamente identificado como periodista estaba observando a una veintena de metros como dichos antidisturbios cargaban contra una quincena de militantes de la CGT que hacían una sentada en la Via Laietana a la altura de la Catedral, y uno de estos agentes vino hacia mi y me propinó diversos porrazos. Agresión que pese a comunicar yo mismo minutos después a un concejal del equipo de gobierno y realizar diversas quejar formales ante el alcalde, no se quiso investigar y de la que el alcalde no consideró necesario disculparse, ni siquiera, tras una pregunta sobre dicha agresión realizada por el grupo municipal de CiU en el pleno del Ayuntamiento.

En aquellos momentos yo tenía muy buenas relaciones con diversos agentes de la Guardia Urbana, dado que le había participado junto a ellos en el proyecto de ayuda humanitaria en Kosovo en 1999, donde agentes de este cuerpo estuvieron conduciendo camiones de ayuda humanitaria, y por mi participación en dicho proyecto tenía acceso a concejales y cargos de responsabilidad del ayuntamiento. Y todos me dijeron lo mismo, que estas unidades especiales de la Guardia Urbana tenían la plena confianza de Joan Clos, eran intocables y que lo mejor que podía hacer era olvidarlo.

Ahora tras la emisión por la televisión catalana del documental 'Ciutat morta', y de la difusión que los agentes que testificaron en el caso 4F han sido condenados y están en prisión por malos tratos, de la difusión de ciertas actuaciones del que fue jefe de información del cuerpo, Víctor Gibanel, y de otros casos de denuncias de presuntos abusos, parece que la ciudad despierte. Pero más allá de que la justicia reabra el caso 4-F está la responsabilidad política de quien, tras tomar dicho cuerpo como guardia personal, tal vez como contrapartida, toleró o ignoró los métodos de actuación de determinados agentes de dicho cuerpo dando pie a una evidente impunidad.