A veces, parir puede ser un delito. Un delito penado con largas condenas de cárcel. Mirna Isabel Ramírez, Elsi Rosales, Teodora del Carmen Vásquez y Mariana López lo saben bien. Las cuatro tienen en común cinco rasgos: vivir en El Salvador, proceder de zonas rurales, disponer de escasos recursos, haber tenido un parto extrahospitalario e ir a la prisión por ello. Ahora el documental 'La vida después' (que se estrena el próximo 3 de marzo en los Cinemes Texas, Barcelona, a las 20 horas) y este reportaje recogen sus historias.
El Salvador es uno de los seis países del mundo más restrictivos con el aborto desde la reforma penal que entró en vigencia el 10 de enero de 1998. Esta modificación, en concreto la del artículo 133 del código, tipifica como crimen todo tipo de interrupción del embarazo y cualquier ayuda para llevarlo a cabo. "El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otras personas se lo practicaren, serán sancionados con prisión de dos a ocho años", dice el texto.
Hasta entonces existían tres excepciones a la prohibición de interrumpir el embarazo: por violación, porque se previera la inviabilidad de la vida extrauterina, o porque la gestación representara una amenaza para la vida de la madre. Pocos meses después del cambio de hace 22 años, los legisladores hicieron un blindaje constitucional para "reconocer –dijeron– la vida": modificaron el primer artículo de la Constitución, el que, desde entonces, establece que la vida existe "desde el momento de la concepción".
Clínicas privadas
Estos cambios legislativos eliminan vías legales para las mujeres que quieran abortar en el país centroamericano. Así que se ven abocadas a hacerlo de forma clandestina, en el extranjero y/o en clínicas privadas, ya que la ley también persigue a los médicos en centros públicos, puesto que están obligados a notificar si sospechan que la mujer que están atendiendo ha tenido un aborto.Las que suelen tener la opción de abortar en clandestinidad son mujeres con una red feminista alrededor, con conocimiento de sus derechos sexuales o reproductivos, pero, sobre todo, con recursos económicos. Las de zonas rurales y escasos medios, en cambio, no tienen las mismas oportunidades y es a ellas a quien el Estado persigue principalmente.
En el 2017 se registraron en el Salvador 19.190 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años
En cuanto a los embarazos infantiles, en el 2017 se registraron 19.190 de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años (lo que equivaldría a 53 embarazos por día), según United Nations Population Fund. "A quienes la justicia se encarga de perseguir y llevar a la cárcel y condenar a penas de 30 a 40 años son mujeres pobres, que tienen menos acceso a los derechos básicos elementales: sabemos que quienes sí tienen recursos para abortar pueden hacerlo en el extranjero y no pasa nada", lamenta Mejía.
Tal como apunta la activista, aunque las penas por interrumpir el embarazo son de dos a ocho años, la Fiscalía suele acusar a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios de homicidio agravado –penas de entre 30 a 50 años de cárcel– o de intento de homicidio –de 10 a 15 años–, ya que, argumenta, ellas han querido matar a sus hijos.
La Fiscalía suele acusar de homicidio agravado a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios
Hay, al menos, 41 mujeres salvadoreñas que han ido a la cárcel por complicaciones obstétricas desde 1998.
[El documental ‘La vida después’ (estreno el 3 de marzo en los Cinemes Texas), en el que se basa la historia de estas mujeres, ha recibido financiación del proyecto Frame, Voice, Report de la Unión Europea, Lafede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.]
Artículo completo
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20200229/encarceladas-por-abortar-7866055
Esto sólo te pasa si eres mujer y además pobre.
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