Mi proyecto Días eternos trata sobre el mundo
de las mujeres presas en Latinoamérica. Lo empecé en 2017 en mi país,
Venezuela, y en 2021 lo extendí a El Salvador. En las cárceles
salvadoreñas un gran número de reclusas vienen de hogares rotos y en su
adolescencia se metieron en pandillas para suplir ese vacío. En la
imagen, presas del sector D de la cárcel de Ilopango (El Salvador), en
marzo de 2021. En esta zona del penal están únicamente reclusas que han
pertenecido a pandillas. Estas mujeres no han recibido visitas en tres
años y solo pueden salir de la celda una hora al día.
En las prisiones salvadoreñas también hay
mujeres encarceladas por delitos relacionados con la ley que penaliza el
aborto. Actualmente son 16, según la ONG Agrupación Ciudadana. El
objetivo de mi proyecto, que desarrollaré en más países
latinoamericanos, es dar visibilidad a las mujeres encarceladas para que
se conozca mejor su realidad dentro de los sistemas penitenciarios, que
en este continente no funcionan igual para todos.
A veces, parir puede ser un delito. Un delito penado con largas condenas de cárcel. Mirna Isabel Ramírez, Elsi Rosales, Teodora del Carmen Vásquez y Mariana López lo
saben bien. Las cuatro tienen en común cinco rasgos: vivir en El
Salvador, proceder de zonas rurales, disponer de escasos recursos, haber
tenido un parto extrahospitalario e ir a la prisión por ello. Ahora el
documental 'La vida después' (que se estrena el próximo 3 de marzo en
los Cinemes Texas, Barcelona, a las 20 horas) y este reportaje recogen sus
historias.
El Salvador es uno de los seis países del mundo más restrictivos
con el aborto desde la reforma penal que entró en vigencia el 10 de
enero de 1998. Esta modificación, en concreto la del artículo 133 del
código, tipifica como crimen todo tipo de interrupción del embarazo y
cualquier ayuda para llevarlo a cabo. "El que provocare un aborto con el
consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o
consintiere que otras personas se lo practicaren, serán sancionados con
prisión de dos a ocho años", dice el texto.
Hasta entonces existían tres excepciones a la prohibición de
interrumpir el embarazo: por violación, porque se previera la
inviabilidad de la vida extrauterina, o porque la gestación representara
una amenaza para la vida de la madre. Pocos meses después del cambio de
hace 22 años, los legisladores hicieron un blindaje constitucional para
"reconocer –dijeron– la vida": modificaron el primer artículo de la
Constitución, el que, desde entonces, establece que la vida existe
"desde el momento de la concepción".
Clínicas privadas
Estos cambios legislativos eliminan vías legales para las mujeres
que quieran abortar en el país centroamericano. Así que se ven abocadas a
hacerlo de forma clandestina, en el extranjero y/o en clínicas
privadas, ya que la ley también persigue a los médicos en centros
públicos, puesto que están obligados a notificar si sospechan que la
mujer que están atendiendo ha tenido un aborto.
Las que suelen tener la opción de abortar en clandestinidad son
mujeres con una red feminista alrededor, con conocimiento de sus
derechos sexuales o reproductivos, pero, sobre todo, con recursos
económicos. Las de zonas rurales y escasos medios, en cambio, no tienen
las mismas oportunidades y es a ellas a quien el Estado persigue
principalmente.
En el 2017 se registraron en el Salvador 19.190 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años
"Tenemos una ley tan restrictiva que obliga a niñas a parir, a
concluir embarazos que son producto de violencia sexual, y que pone en
riesgo sus vidas, pero sabemos que esto no se aplica de igual manera a
quienes sí tienen recursos", denuncia la activista feminista Yanileth Mejía, del colectivo lesbofeminista Las Hijas de Safo.
En cuanto a los embarazos infantiles, en el 2017 se registraron 19.190 de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años (lo
que equivaldría a 53 embarazos por día), según United Nations
Population Fund. "A quienes la justicia se encarga de perseguir y llevar
a la cárcel y condenar a penas de 30 a 40 años son mujeres pobres, que
tienen menos acceso a los derechos básicos elementales: sabemos que
quienes sí tienen recursos para abortar pueden hacerlo en el extranjero y
no pasa nada", lamenta Mejía.
Tal como apunta la activista, aunque las penas por interrumpir el
embarazo son de dos a ocho años, la Fiscalía suele acusar a las mujeres
que han sufrido partos extrahospitalarios de homicidio agravado –penas de entre 30 a 50 años de cárcel– o de intento de homicidio –de 10 a 15 años–, ya que, argumenta, ellas han querido matar a sus hijos.
La Fiscalía suele acusar de homicidio agravado a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios
La abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Teresa Delgado señala
que la acusación acostumbra a argüir que las mujeres que sufren abortos
espontáneos "tenían conocimiento de que estaban embarazadas" y, si no
se han sometido a un control prenatal es "porque llevaban premeditado
que el embarazo no llegara a buen fruto". "Para ellos [los fiscales], el
feto ya era un recién nacido, una persona, y, con esta idea, sostienen
que es un homicidio agravado, por el vínculo filial que tiene de madre a
hijo", resume.
Hay, al menos, 41 mujeres salvadoreñas que han ido a la cárcel por complicaciones obstétricas desde 1998.
[El documental ‘La vida después’ (estreno el 3 de marzo en los
Cinemes Texas), en el que se basa la historia de estas mujeres, ha
recibido financiación del proyecto Frame, Voice, Report de la Unión
Europea, Lafede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y
el Ayuntamiento de Barcelona.]Un documental de Ferran Alcalde, Àngel García, Paula Ericsson i María Luz Nóchez
Artículo completo https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20200229/encarceladas-por-abortar-7866055
