Asesinatos y agresiones constantes a nacidas hembras de la especie humana por parte de nacidos machos de la especie humana

 " Si alguien te pone las manos encima, asegúrate de que no las pondrá en nadie más" Malcom x

Acoso y muerte de mujeres activistas derechos humanos y ecologistas

Activistas piden justicia por el asesinato de Berta Cáceres, líder indígena hondureña.

E. P.

Grafiti de Berta Cáceres en Tegucigalpa

La confederación Ecologistas en Acción ha denunciado este martes que tres de cada cuatro activistas por los derechos humanos asesinados en 2018 eran activistas medioambientales. Ese año fueron asesinados en todo el mundo 321 activistas, según los datos publicados por la Front Line Defenders en su último informe Basta de asesinatos. Además, la organización ha mostrado su rechazo hacia las políticas restrictivas de muchos gobierno, cuyo único objetivo es limitar el trabajo de estos luchadores por los derechos humanos.

Casi el 49% de las personas asesinadas habían recibido previamente amenazas de muerte y es que, como destaca el informe, los asesinatos generalmente van precedidos por acoso judicial, amenazas y ataques físicos.

Ecologistas en Accion se ha hecho eco de estas cifras y ha señalado que el 77% de las victimas luchaban por los derechos de la tierra, los pueblos indígenas o el medio ambiente. La mayoría de los activistas medioambientales estaban vinculados a la denuncia de industrias basadas en la extracción de recursos naturales.
 

Defender el medioambiente es algo que se paga con la vida. Gracias a un informe de @FrontLineDefend sabemos 321 personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en 2018, de las cuales el 77% eran activistas ambientales. Basta de asesinatos. https://t.co/B1VzwlkRxw

— Ecologistas en Acción (@ecologistas) 15 de enero de 2019

La confederación de grupos ecologistas ha destacado que la discriminación y la persecución afecta sobre todo a las mujeres, ellas son objeto de amenazas sexuales por parte de actores estatales y no estatales y ni siquiera restan a salvo dentro de sus propios movimientos. Sufren abusos sexuales, violaciones y acosan a sus familias. Además, las campañas de desprestigio a las que se enfrentan provocan que sean relevadas de cargos de alto rango en ONG, cargos públicos o sindicatos.

Front Line Defenders ha advertido en su informe de 2018 que los gobiernos de numerosos países utilizan la "seguridad nacional" como una excusa para censurar y criminalizar movimientos sociales, activistas ambientales y defensores LGBTIQ.

Por todo ello, la organización ecologista ha instado gobiernos e instituciones internacionales a “impulsar y establecer marcos normativos nacionales e internacionales jurídicamente vinculantes sobre empresas transnacionales y derechos humanos, que establezcan regulaciones de obligado cumplimiento e impongan sanciones frente a las violaciones de derechos humanos”.

Marta Gonzalez Rubio, infolibre.es

Las mujeres, principales defensoras de la vida

En esta espiral de violencia y muerte que busca acallar a quienes luchan por los derechos de la tierra y las comunidades indígenas, las mujeres se convierten en las principales damnificadas. Lo son porque “están vinculadas a la protección y a la defensa de lo necesario para vivir”, expone Vigara, quien señala el “vínculo entre el género y el medio ambiente que pone a las mujeres en el punto de mira de los intereses comerciales y explica la persecución que sufren”.

“Ponen sus cuerpo para defender la vida y por ello son víctimas de violaciones, abusos sexuales, hostigamientos a sus familias, se ven expuestas a campañas de desprestigio que cuestionan sus compromisos familiares”, añade la portavoz de Ecologistas en Acción.

Dentro de la propia violencia específica que reciben las defensoras de la tierra, hay que sumar la discriminación y el acoso que pueden experimentar en el seno de los propios colectivos autóctonos, que en muchos casos se presentan anclados en unas tradiciones misóginas y patriarcales. “Este doble ataque se explica por un lado porque son defensoras de la tierra que se enfrentan a las injusticias, pero por otro, porque actúan en contra de las tradiciones donde la mujer no tiene espacios”, argumenta Montano.

Alejandro Tena, publico.es

Documental "La vida después", a la cárcel por parir en El Salvador

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A veces, parir puede ser un delito. Un delito penado con largas condenas de cárcel. Mirna Isabel Ramírez, Elsi Rosales, Teodora del Carmen Vásquez y Mariana López lo saben bien. Las cuatro tienen en común cinco rasgos: vivir en El Salvador, proceder de zonas rurales, disponer de escasos recursos, haber tenido un parto extrahospitalario e ir a la prisión por ello. Ahora el documental 'La vida después' (que se estrena el próximo 3 de marzo en los Cinemes Texas, Barcelona, a las 20 horas) y este reportaje recogen sus historias.

El Salvador es uno de los seis países del mundo más restrictivos con el aborto desde la reforma penal que entró en vigencia el 10 de enero de 1998. Esta modificación, en concreto la del artículo 133 del código, tipifica como crimen todo tipo de interrupción del embarazo y cualquier ayuda para llevarlo a cabo. "El que provocare un aborto con el consentimiento de la mujer o la mujer que provocare su propio aborto o consintiere que otras personas se lo practicaren, serán sancionados con prisión de dos a ocho años", dice el texto.

Hasta entonces existían tres excepciones a la prohibición de interrumpir el embarazo: por violación, porque se previera la inviabilidad de la vida extrauterina, o porque la gestación representara una amenaza para la vida de la madre. Pocos meses después del cambio de hace 22 años, los legisladores hicieron un blindaje constitucional para "reconocer –dijeron– la vida": modificaron el primer artículo de la Constitución, el que, desde entonces, establece que la vida existe "desde el momento de la concepción".

Clínicas privadas

Estos cambios legislativos eliminan vías legales para las mujeres que quieran abortar en el país centroamericano. Así que se ven abocadas a hacerlo de forma clandestina, en el extranjero y/o en clínicas privadas, ya que la ley también persigue a los médicos en centros públicos, puesto que están obligados a notificar si sospechan que la mujer que están atendiendo ha tenido un aborto.

Las que suelen tener la opción de abortar en clandestinidad son mujeres con una red feminista alrededor, con conocimiento de sus derechos sexuales o reproductivos, pero, sobre todo, con recursos económicos. Las de zonas rurales y escasos medios, en cambio, no tienen las mismas oportunidades y es a ellas a quien el Estado persigue principalmente.

En el 2017 se registraron en el Salvador 19.190 embarazos de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años

 "Tenemos una ley tan restrictiva que obliga a niñas a parir, a concluir embarazos que son producto de violencia sexual, y que pone en riesgo sus vidas, pero sabemos que esto no se aplica de igual manera a quienes sí tienen recursos", denuncia la activista feminista Yanileth Mejía, del colectivo lesbofeminista Las Hijas de Safo.

En cuanto a los embarazos infantiles, en el 2017 se registraron 19.190 de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años (lo que equivaldría a 53 embarazos por día), según United Nations Population Fund. "A quienes la justicia se encarga de perseguir y llevar a la cárcel y condenar a penas de 30 a 40 años son mujeres pobres, que tienen menos acceso a los derechos básicos elementales: sabemos que quienes sí tienen recursos para abortar pueden hacerlo en el extranjero y no pasa nada", lamenta Mejía.

Tal como apunta la activista, aunque las penas por interrumpir el embarazo son de dos a ocho años, la Fiscalía suele acusar a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios de homicidio agravado –penas de entre 30 a 50 años de cárcel– o de intento de homicidio –de 10 a 15 años–, ya que, argumenta,  ellas han querido matar a sus hijos.

La Fiscalía suele acusar de homicidio agravado a las mujeres que han sufrido partos extrahospitalarios

 La abogada de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) Teresa Delgado señala que la acusación acostumbra a argüir que las mujeres que sufren abortos espontáneos "tenían conocimiento de que estaban embarazadas" y, si no se han sometido a un control prenatal es "porque llevaban premeditado que el embarazo no llegara a buen fruto". "Para ellos [los fiscales], el feto ya era un recién nacido, una persona, y, con esta idea, sostienen que es un homicidio agravado, por el vínculo filial que tiene de madre a hijo", resume.

Hay, al menos, 41 mujeres salvadoreñas que han ido a la cárcel por complicaciones obstétricas desde 1998.
[El documental ‘La vida después’ (estreno el 3 de marzo en los Cinemes Texas), en el que se basa la historia de estas mujeres, ha recibido financiación del proyecto Frame, Voice, Report de la Unión Europea, Lafede.cat, la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y el Ayuntamiento de Barcelona.]Un documental de Ferran Alcalde, Àngel García, Paula Ericsson i María Luz Nóchez
Artículo completo
https://www.elperiodico.com/es/mas-periodico/20200229/encarceladas-por-abortar-7866055

Esto sólo te pasa si eres mujer y además pobre.

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