Asesinan a Cáceres, la líder indígena que ganó un pulso a China y el Banco Mundial

© Externa Berta Cáceres en las orillas del río Gualcarque (Global Witness).



La dirigente indígena hondureña Berta Cáceres fue asesinada este jueves a tiros en su casa, en la ciudad de La Esperanza, departamento occidental de Intibucá. Al parecer, dos hombres armados entraron por la fuerza en la vivienda para asesinar a Cáceres, miembro de la etnia lenca y madre de cuatro hijos.
Cáceres fue una de las fundadoras en 1993 del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), desde el que lideró manifestaciones en defensa del medio ambiente oponiéndose a la construcción de proyectos hidroeléctricos en la zona occidental del país por considerar que atentaban contra los recursos naturales. Por su lucha en defensa de dichos recursos en el occidente de Honduras en 2015, Cáceres, que había denunciado en varias ocasiones amenazas de muerte contra ella y familiares suyos, recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas medioambientales.
Pese a que la policía ha declarado que Cáceres murió durante un intento de robo -en un país en el que la violencia criminal deja 13 muertos diarios-, "todos sabemos que fue por su lucha", ha denunciado su madre, según recoge la agencia AFP. A lo largo de su vida, la líder indígena había recibido todo tipo de amenazas. Honduras, junto a Perú y Brasil, es el país más peligroso del mundo para los defensores del medio ambiente, según un informe de Global Witness, ONG con sede en Londres.
Cáceres logró su mayor victoria cuando organizó al pueblo lenca, la mayor etnia indígena de Honduras, para luchar contra un proyecto hidroeléctrico del Banco Mundial en el noroeste de Honduras, concretamente en el Río Gualcarque, sagrado para las comunidades indígenas y vital para su supervivencia. La campaña emprendida por Cáceres consiguió que el constructor más grande de represas a nivel global, la compañía de propiedad estatal china Sinohydro, retirara su participación en el proyecto de Agua Zarca. La Corporación Financiera Internacional, institución del Banco Mundial que invierte en el sector privado, también abandonó la iniciativa.
Uno de sus hermanos, Gustavo Cáceres, pidió este jueves al presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, que el caso no pase a ser un número más en las estadísticas de la violencia en el país, y que su asesinato sea esclarecido y se castigue a sus autores. Recordó a los periodistas que su hermana tenía medidas cautelares y aún así ha sido asesinada. Añadió que Berta Cáceres "siempre dio la cara" y "nunca utilizó un arma" para protestar, porque "su arma era su voz" para denunciar violaciones a los derechos humanos y la destrucción de los recursos naturales.

Ecologista bueno, ecologista muerto

Los informes anuales de Global Witness documentan lo que las organizaciones sociales de toda América Latina llevan años denunciando: la absoluta impunidad de los autores de estos crímenes. De las 116 muertes documentadas en un año, casi tres cuartas partes se registraron en América Latina: 29 activistas fueron asesinados en Brasil y 25 en Colombia. Además, el 40% de las personas ejecutadas eran indígenas y defendían sus territorios de “los proyectos hidroeléctricos, la minería y el agronegocio”. Lo peor es que la tendencia refleja un aumento de la violencia, y que, como asegura Global Witness, las “restricciones informativas” hacen pensar que la cifra real es mucho mayor.
Esas muertes son solo la sangrienta punta de un iceberg, el de la represión, que comienza con amenazas de muerte, hostigamiento, agresiones a personas o sedes comunitarias y judicialización de las resistencias. Lo puede acreditar la comunidad Qom de Formosa, al norte de Argentina, que ha pagado con varias muertes su resistencia a la entrada de la soja en su territorio. Los cadáveres aparecieron al borde de la carretera; la justicia los retrató como suicidios o accidentes de tráfico. “Las fuerzas públicas emplean la represión, nos miran como enemigos en lugar de protegernos, y no hay voluntad política de investigar (los abusos)”, afirma el 'qarashé' -líder político- Félix Díaz.

El Confidencial.